Colombia, 12 de febrero de 2007.- EL TIEMPO tuvo acceso a un informe según el cual el predio sí es apto para desarrollar proyectos productivos con campesinos, aunque el Gobierno afirma lo contrario. El procurador General, Edgardo Maya Villazón, decidió no esperar a la reunión que su delegada de Medio Ambiente, Claudia Serrano, tenía hoy con el Ministerio de Agricultura y el Incoder, para discutir el caso. En criterio del Procurador, los argumentos jurídicos que tiene su despacho son suficientemente contundentes para pedir que el predio Carimagua, de 17 mil hectáreas, ubicadas en Puerto Gaitán(Meta), quede en manos de 800 familias de desplazados y no de privados. Así se lo hizo saber al presidente Uribe, hacia el mediodía, en una corta llamada en la que el primer mandatario le expuso las razones que llevaron al Gobierno a cambiar la destinación del bien.
La decisión del procurador Maya Villazón se conoce un día después de que EL TIEMPO reveló que Carimagua será entregada en 9 días y por 50 años a empresarios para la siembra de caucho, madera o palma a cambio de una retribución económica para el Estado que, según explicó el ministro Arias, será reinvertida en las víctimas del conflicto. Y Arias añade que las tierras de Carimagua requieren de una gran inversión pues son muy ácidas para ser cultivadas por campesinos. "No les vamos a entregar tierras malas a los desplazados", aseguró. ¿Documento extraviado? Sin embargo, EL TIEMPO tuvo acceso al informe que la Fundación Nacional para Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Fundes) le hizo al Incoder sobre el desarrollo de proyectos productivos en Carimagua, con familias desplazadas, cuya parte final fue entregada oficialmente al Incoder durante el primer trimestre del 2007. Este documento cobra relevancia pues, según la procuraduría, su existencia le fue negada el pasado 7 de febrero. Así consta en un acta firmada por el procurador judicial Jorge Martínez Bautista, que lo anda buscando en el Incoder.
Las revelaciones del informe Según el documento, Carimagua fue seleccionado para dichos proyectos "considerando la infraestructura básica con la que cuenta: vías internas en buen estado, puesto de salud, equipo básico de maquinaria, el bajo costo de la tierra, la baja densidad de población y por estar incluida en una de las 14 áreas de desarrollo rural seleccionadas por el Gobierno nacional, comprendida en el eje Puerto Gaitán-Carimagua". Incluso, según el informe de Fundes, para este proyecto el gobierno Uribe contaba con la vinculación de instituciones como el Fondo Financiero Agropecuario (Finagro), el Banco Agrario, el Ministerio del Interior con Asuntos Indígenas, el Icbf, el Invías, Cormacarena, la Gobernación del Meta, el Sena, el Ministerio de la Protección, la Bolsa Nacional Agropecuaria, diversas ONG, universidades y Corpoica, entre otras.
La idea -dice el documento- era la de establecer proyectos agroforestales (de palma, madera y caucho), de ganadería y de pancoger para el consumo de las familias. "Se pensaba en siembras de arroz, maíz y soya", le dijo a este diario uno de los investigadores. Y para que fuera viable, se pretendía organizar a los campesinos en asociaciones para una mejor explotación, administración y gestión del proyecto. ¿Por qué no se siguió adelante con el plan? Según el Gobierno, la respuesta está en los costos. Ayer, al final del día, el Ministro de Agricultura visitó al procurador Maya en su despacho para hablar del tema, tal como se lo solicitó el presidente Uribe. Tras la conversación, Arias le dijo a Maya que contestará la solicitud de revocatoria en los próximos días y Maya, que seguirá adelante con la acción de tutela. EL TIEMPO intentó consultar el caso al director de Acción Social de la Presidencia, Luis Alfonso Hoyos, entidad que tiene a su cargo programas para los desplazados, pero este se abstuvo de entregar declaraciones.
UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com.co 'El Procurador fue receptivo', Arias Anoche, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, aseguró que tuvo la oportunidad de explicarle al procurador Edgardo Maya las razones que llevaron al Gobierno a cambiar la destinación del predio Carimagua y que este fue bastante receptivo. "Le reconocí mi error de no haberle informado del cambio de destinación, pero le expliqué que habilitar esas tierras costaría entre 100 mil y 200 mil millones de pesos con los que el Gobierno no cuenta, por eso, entregarlos en una concesión abierta, pública y transparente, era la mejor salida".
El Ministro añadió que también le expresó a Maya que buscaría los mecanismos para que quedara explícito que los dividendos que arrojara la concesión a privados, se invirtieran exclusivamente en desplazados. "El Procurador me dijo que evaluaría si reconsidera su posición (...), pero si insiste en ella tendríamos que mirar", dijo el funcionario. Arias aprovechó para reiterar que si bien existe infraestructura en el predio -tal y como lo informó EL TIEMPO- solo está localizada en un sector del mismo y que por eso se requiere de inversión de privados para convertir a Carimagua en un pulmón de desarrollo que genere más de 1.500 empleos de gente de la región, de desplazados. También aclaró que su cartera hizo un estudio juicioso sobre las posibilidades de Carimagua y que la decisión de cambio de uso no se hizo en 4 días. El acta de cambio de destinación del predio data de julio del 2007, tal y como se informó el domingo.
Sobre el estudio de Fundes, manifestó que es una muestra de que el Gobierno realizó todos los estudios a su alcance para buscar que los desplazados fueran ubicados en ese lugar, pero insistió en los costos de adaptación de la tierra y de inversión para llegar a ser productiva y eficiente: "No hay condiciones para un reasentamiento humano". Al respecto, explicó que la correción física y química del suelo para que sea cultivable costaría cerca de 1.300 millones de pesos: "Tiene limitaciones de suelo y clima, como dicen los expertos", explicó. Finalmente, recalcó en que también habría que incurrir en una gran inversión en infraestructura y como ejemplo manifestó que transportar una solo tonelada de Carimagua a Villavicencio (Meta) vale más de 90 mil pesos, debido al estado de las vías y a lo alejado del predio. "Insisto -dijo- en que es más rentable cederlo sin perder la tenencia e invertir el dinero en los desplazados". Uribe respalda cesión del predio Una defensa a la propuesta del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, de entregar a particulares el predio Carimagua, hizo ayer el presidente Álvaro Uribe, desde Montería. Según el presidente, es mejor que el terreno sea entregado a particulares que pongan en marcha proyectos que permitan la generación de empleo para los desplazados. Pero aclaró que el Gobierno no se desprenderá del derecho de la propiedad. "Es interesante la propuesta del Ministro de concesionarla, el Estado no se desprende del derecho de dominio, se entrega en concesión para que se adelante un proyecto productivo de gran envergadura, de gran capacidad de generación de empleo", dijo.
Y sostuvo que los desplazados que se encuentren censados en la región podrían participar como empleados o también podrían participar en la concesión, pero dando cumplimiento a la intención de volver esas tierras productivas. "Pensamos que se podía hacer un gran asentamiento de desplazados, pero no hay desplazados cerca, esas eran unas tierras ácidas y tememos que si se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo de pobreza e improductivo". Y añadió que le pidió al Ministro de Agricultura que le explicara al Procurador su tesis.
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