La jet set golpista hondureña ya no puede volar a Miami

La decisión de Barack Obama y Hillary Clinton de retirar los visados a los líderes del régimen golpista en Honduras -casi todos ellos integrantes de la alta sociedad hondureña- ha provocado pánico en las clases de frequent flyers de la ruta Tegucigalpa Miami.

La detención del millonario Adolfo Facussé -miembro de una de las familias más ricas del país- que fue sacado de un avión tras aterrizar en Miami desde Honduras por policías armados y deportado, es motivo de miedo escénico en los malls de lujo en San Pedro Sula. Y no hay nada más mosqueante que ver que Manuel “Mel” Zelaya -el presidente del pueblo- ha podido colarse por la frontera miltarizada gracias al apoyo logísitico de Brasil mientras tú -pasajero de business elite- no puedes ni cruzar hasta South Beach, ni hablar de Copacabana. Todo por la alianza entre esos comunistas disfrazados Lula y Obama.

Pongamos el caso, por ejemplo del trío de diputadas golpistas e hijas de grandes fortunas hondureñas, conocidas como las “chicas superpoderosas” según el periódico opositor El Libertador. Se trata de Lizzy Flores, Marcia Facusse Andonie de Villeda -sobrina y prima, respectivamente de Adolfo Facussé- y Mirna Castro, todas miembros de familias oligárquicas de las que viven a caballo entre Miami y Tegucigalpa. Marcia reconoció la semana pasada que se le ha retirado la visa estadounidense. Mirna y Lizzy corren el mismo riesgo

Las tres superpoderosas son miembros de la jet set hondureña -una decena de familias que controlan la economía del país y exigen la última palabra en su gestión política- que sencillamente no puede sobrevivir sin sus visitas de compras, de atención medica, o reuniones con el lobby cubano en Miami. Y no sólo se les niega acceso a Ocean Drive o Little Havana. Con las últimas sanciones españolas, la calle Serrano también es tierra prohibida, hasta la calle Genova…

Tal y como informa el Libertador en su último número las tres diputadas acaban de efectuar una gira mundial, incluida una estancia en el Grand Hotel de Moscú, donde las tres probaron trajes de pieles imposibles de lucir en el clima tropical de Honduras. También fueron fotografiadas mientras recibían masaje y pedicura en Beijing. “Marcia, Mirna y Lizzy necesitaban desestrarse tras tener que lidiar con un pueblo chusma y juco como el hondureño”, ironiza el periódico. Ahora los viajes de compras van a ser mucho más difíciles.

Las tres superpoderosas son las caras más fotografiadas del golpe. Marcia Facussé Andonie de Villeda, es sobrina del gran inversor y magnate de la agroindustria Miguel Facusse, poder fáctico y uno de los personajes detrás del golpe, el Tio Mike para Marcia. Diputada del Partido Liberal, Marcia es una de las colaboradores más estrechas del presidente de facto Roberto Micheletti, un perfecto enlace entre el gobierno y el Tio Mike.

Lizzy Flores, es hija del ex presidente Carlos Flores Facussé -terrateniente y dueño del diario La Tribuna donde Lizzy escribe columnas en defensa del golpe. Es mujer de otro magante Freddy Nasser. Mirna Castro, de 44 años, “rubia por decisión propia” segun el Libertador, fue nombrada secretaria de Cultura por Micheletti. Después de acompañar a Marcia y Lizzy en su gira mundial, Mirna canceló la financiación del Patrimonio Arqueológico de Honduras, el proyecto “Retratos del pueblo” y las Etnias de Honduras, por considerarlos excesivamente populistas.

Marcia Facusse es la más poderosa de las superpoderosas y difícilmente soportará vivir sin las visitas a la derecha republicana en Miami. Aprovechó sus encantos para entrecruzar los dos titanes de la oligarquía hondureña -los Facussé y los Ferrari- al casarse con José Manuel Villeda Ferrari, sobrino del gigante de las telecomunicaciones privatizadas en Honduras, Rafael Ferrari. Los varios canales de Ferrari han garantizado una cobertura perfecta para Micheletti en la que las grandes movilizaciones anti golpe jamás salen en la tele. Es prima de Carlos Flores Facusse, así que Marcia comparte sangre con Lizzy Flores además de una debilidad por los malls de shopping. Durante su estancia en Moscú el mes pasado Marcia pudo pasear un vestido de pieles cuyo valor -según el Libertador- asciende a unos 2.000 dólares.

Honduras, dicho sea de paso, es el segundo país más pobre de Centroamérica y el más desigual. El 65% vive en pobreza y el 20% más rico consume el 75% de bienes y servicios. Es más, crece la marginacion como la espuma en estos momentos debido, en parte, al impacto económico del golpe.

Hay también una cuarta chica superpoderosa del régimen golpista, aunque ella da menos juego a la prensa del corazón. Es la vicecanciller del gabinete de Micheletti, Marta Lorena Alvarado, miembro destacado del Opus Dei, autora de un proyecto de ley, vetado en su día pro Zelaya, que prohibe la píldora anticonceptiva de emergencia. Marta era protagonista de un documental del canal conservador español Intereconomia en el cual -con un discurso aún anclado en la guerra fría-, insistía en que sentía orgullo de encabezar la lucha contra el comunismo.

Pero Estados Unidos ya no es el baluarte anticomunista que era con Reagan y Bush. Lorena Alvardo también perdió su visado la semana pasada tras una reunión con la congresista de la ultra derecha cubana en Miami Ileana Ros Lehinter en Coral Gables, el barrio de alto standign hispano de Miami. Perder el visado “no me quita sueño” -insistía Marta el martes en Tegucigalpa-, sin parecer estar del todo convencida.

Pascual Serrano: Las FARC ya habían expresado a delegados europeos con los que se habían reunido su disposición a liberar los rehenes

Por: rebelión
www.pascualserrano.net

A pesar de que el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, ha presentado como una brillante operación de inteligencia militar la liberación de Ingrid Betancourt y otros catorce secuestrados de las FARC, la realidad es que se ha producido justamente cuando dos delegados europeos, el francés Noel Sáez y el suizo Jean Pierre Gontard, habían entrado en contacto con la dirección de la guerrilla para plantear la liberación. Las FARC habían expresado ya su intención al respecto, y el gobierno había autorizado los contactos, a los cuales hacía estrecho seguimiento.

El pasado 1 de julio un comunicado del Ejecutivo colombiano leído por el secretario de prensa del palacio presidencial, César Mauricio Velásquez, señalaba que dos delegados europeos

ingresaron en los últimos días a Colombia y pidieron al Gobierno autorización para desplazarse a ese encuentro directo con el secretariado (cúpula) de las FARC, autorización que el Gobierno concedió.

También el diario español El País recogía este asunto el mismo día 1:

Bogotá ha autorizado la reunión de dos negociadores europeos para discutir las condiciones para futuros encuentros par discutir el futuro de los secuestrados por las FARC, según han informado los medios colombianos. El antiguo cónsul francés en Bogotá, Noël Sáenz y el diplomático suizo Jean-Pierre Gontard partieron a comienzos del pasado fin de semana hacia un punto de encuentro en las montañas que el gobierno no ha facilitado y podrían haberse reunido ya con miembros del secretariado de la guerrilla, el principal órgano directivo, e incluso con el nuevo líder de las FARC, Alonso Cano.

Según este diario:

Las FARC se han declarado dispuestas a canjear a 40 secuestrados, Betancourt entre ellos (también con nacionalidad francesa), tres estadounidenses, así como a otros políticos, policías y miembros del Ejército colombiano, por cerca de 500 guerrilleros presos. Entre los presos que las FARC aspiran a canjear, figuran tres extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos, Ricardo Ovidio Palmera, Simón Trinidad.

Según el diario francés Le Figaro, los emisarios francés, Noel Sáez, y el suizo, Jean-Pierre Gontard, se habían reunido el pasado domingo o lunes en la selva colombiana con una persona próxima al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Alfonso Cano.

Ya dos semanas antes , fuentes próximas al Elíseo indicaron que Francia había logrado entablar contacto con el nuevo secretariado de las Farc, si bien el embajador francés en Colombia lo desmintió entonces.

En Colombia, el diario El Tiempo, cercano al gobierno, reconocía que dos delegados internacionales se podrían haber reunido con Alfonso Cano:

Los encargados de la gestión son el francés Noel Saez y el suizo Jean Pierre Gontard, autorizados por el Gobierno para las gestiones con el grupo subversivo en busca de liberar a los secuestrados.
Una fuente de la Casa de Nariño confirmó que "desde hace tres días los dos europeos iniciaron el recorrido para concretar el encuentro" en una zona que no determinó.

La misma fuente no descartó que la reunión haya sido con el jefe guerrillero que reemplazó a Manuel Marulanda Vélez 'Tirofijo', quien murió el pasado mes de marzo.

Eso significaría que los canales de comunicación de las Farc, prácticamente cerrados tras la muerte de 'Raúl Reyes' el pasado primero de marzo, empezaron a abrirse nuevamente.

Gobierno dio garantías

"El Gobierno les está garantizando a los dos facilitadores el avance para esos contactos. Se les dieron las facilidades para que la reunión fuera exitosa", señaló el funcionario.

Desde la Casa de Nariño también se informó que los dos diplomáticos les iban a pedir a las FARC que acepten la propuesta de una zona de encuentro para iniciar diálogos en torno a un eventual intercambio humanitario.

La versión del gobierno colombiano sobre la liberación es que militares infiltrados en la guerrilla habían embaucado al comandante César de las FARC para concentrar a los retenidos y subirlos a un helicóptero que resultó ser del ejército camuflado, haciendo creer al mando guerrillero que se dirigían hasta donde se encontraba Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC. La duda que se cierne sobre esta versión es si los guerrilleros que custodiaban a los secuestrados ya tenían orientaciones destinadas a una inminente liberación, y de ahí su fácil e ingenua disposición a colaborar en tan sospechoso traslado. O hasta qué punto la liberación ya estaba acordada entre la dirección de las FARC y los mediadores enviados por Francia y, en el último momento, el ejército colombiano interceptó la liberación para presentarla como una operación militar exitosa.

En realidad sería una operación similar a la sucedido cuando el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador. En aquella ocasión el gobierno colombiano supo que se estaba gestando la liberación y prefirió eliminar militarmente a los portavoces guerrilleros aunque se abortara esa liberación, mientras que en este caso la hubieran interceptado pilotando ellos la liberación para presentarla como un éxito exclusivamente militar y gubernamental.

Guaraníes del Chaco boliviano: Esclavos en pleno siglo XXI

(TeleSur)

Históricamente a nivel mundial, la problemática de la esclavitud y la servidumbre, se supone, es un asunto resuelto hace varios siglos. Pero en Bolivia el problema está más vigente que nunca.

En el Chaco boliviano, que abarca los sureños departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, desde hace varias décadas, cientos de familias guaraníes que residen en esta región, viven bajo un sistema de servidumbre y semiesclavitud basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo familiar.

Estas personas, pertenecientes a las llamadas comunidades cautivas, realizan en haciendas trabajos forzados por más de doce horas diarias, sin pago alguno o acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad, la libertad de movimiento y a la propiedad de la tierra.

La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170 mil personas, de las cuales más de mil familias viven empadronadas en situación de esclavitud por hacendados de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; Gran Chaco y O'Connor, de Tarija, y en la cordillera en el Alto Parapetí, en Santa Cruz.

"Es una vergüenza que en la Bolivia del siglo XXI siga existiendo la esclavitud", opina el Capitán Grande del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Efraín Balderas, al lamentar que todavía existan comunidades cautivas de su pueblo en al menos cinco provincias de tres departamentos del país altiplánico y que en su conjunto abarcan a 15 municipios.

Balderas, alto y de tez morena, es un líder indígena que hasta su adolescencia trabajó como peón en una de las haciendas chuquisaqueñas bajo un régimen de explotación laboral. Pero que tuvo la suerte de estudiar y conseguir a través de la educación esa libertad que cientos de familias de su pueblo aún anhelan.

La situación de los guaraníes en el sur de Bolivia es vista con preocupación por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La realidad

La cifra concreta del número de guaraníes en el Chaco boliviano es diversa, y lo es más la de aquellos que están en situación de esclavitud. Lo cierto es que, sin duda, sus vidas son muy precarias y las relaciones laborales con los dueños de las haciendas en las que trabajan, aún en contra de su voluntad, son poco claras ya que los pagos en su mayoría se hacen en especie y no en dinero, con cuentas que se transmitían de generación en generación.

Estos indígenas y sus familias trabajan más de doce horas diarias sin recibir salario, sino retribuciones irregulares en especie.

Rogelio Molina, empleado de la hacienda Iguembito, ubicada en el municipio de Huacareta, en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, cuenta que tiene "treinta y tres años" trabajando "para Federico Reynaga (propietario), como mi padre trabajó para el padre del hacendado".

Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, quien defiende los derechos de los guaraníes.

En este tiempo, Rogelio comenzó ganando tres bolivianos (0,3 dólares) como vaquero o cuidador de ganado vacuno. Para mantener a sus 13 hijos lograba una renta de 200 ó 150 bolivianos (cerca de 20 dólares al mes): "Me descontaba lo que sacábamos arrocito, eso anotaba", dice, y recuerda que las labores domésticas realizadas por su esposa en la hacienda nunca merecieron reconocimiento alguno. "Ni un centavo, nunca le han pagado".

Los llamados "ajustes" son el resultado de la suma en la que se consignan ítems como "adelantos" o "pedidos" de víveres para comer, que por lo general arrojan cifras rojas para los empleados guaraníes, por lo que terminan con deudas en lugar de ganancias.

Y es que los términos laborales que se conocen obedecen a "arreglos" por un pago jornal incomprensiblemente saldado una vez al año. Situación que no sólo varía de acuerdo con la hacienda, sino de acuerdo con condiciones de género y etarias: las mujeres ganan la mitad que los hombres, y los niños y los ancianos la mayor parte de las veces no ganan nada.

Fortunato Silva y Victoria Méndez, padres de ocho hijos, por su parte reciben por sus faenas uno o dos kilos de arroz en la hacienda de Crispín Pérez, también ubicada en Huacareta.

En Chuquisaca, donde hay más casos de guaraníes esclavizados, asombrosamente se reproduce una situación que se creía desaparecida. Y es que hay reportes de que los trabajadores reciben latigazos si no cumplen con su tarea. Si bien esto no es generalizado, existen casos documentados con vídeos que sí ocurren.

Algunos "cautivos", incluso, duermen en galpones y no pueden salir de la hacienda. "Los patrones prohiben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas", denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca , quien denunció la "violación de los derechos humanos" que viven numerosas personas de su comunidad y explicó que el 90 por ciento de esta población es analfabeta.

Precisamente, el analfabetismo es la principal causa del sometimiento de los hacendados sobre los indígenas guaraníes, ya que, al no saber leer ni escribir, no sólo están impedidos de acceder al conocimiento e información sobre sus derechos, sino que tampoco pueden ejercer ningún control sobre sus cuentas y libros de deudas que son llevados por los patrones.

Al analfabetismo se suma el desconocimiento de sus derechos que les asiste y no les permite deliberar con el patrón sus condiciones laborales, ni ninguna otra situación que les afecte.

Las condiciones precarias de trabajo y —por consiguiente— de vida de familias guaraníes sometidas a una situación laboral signada históricamente por el abuso y por la marca de la servidumbre y el patronazgo, que las ha hecho cautivas en su propia tierra, son prácticas aún vivas en el Chaco boliviano, como si el tiempo, y la modernidad, nunca hubiera pasado por esas tierras.

Esclavos desde la infancia

La esclavitud en el Chaco también se extiende a los niños. Las niñas comienzan como domésticas en las haciendas y luego se quedan como cocineras, mientras que los varones inician como mozos de mano, es decir, realizan mandados menores para los hacendados y luego, de grandes, trabajan la tierra. En la mayoría de los casos, no reciben pagos por sus trabajos.

La "crianza" de los niños implica el inicio temprano de la faena en las haciendas, como Virginia Parare, hija de trabajadores de la propiedad Iguembito, en Chuquisaca, quien comenzó de niña como doméstica y a los 15 años se volvió cocinera.

Un ejemplo más evidente es el de Rosi Silva, empleada de la hacienda Voyguazú, de Juan Ortiz; ella y su hermano menor fueron "cedidos al patrón": "Mi mamá nos ha entregado a los dos, mi hermano se ha quedado con el patrón y tiene 12 años". Al ser consultada sobre si desean salir de la hacienda comento, con un aire de desesperanza, que "él también –al igual que ella– quiere salir pero no lo dejan, él quiere estudiar".

Y es que la escuela está prohibida para estos infantes, así como salir de las haciendas.

La situación jurídica de los niños y menores de edad es incierta, pues muchos se encuentran sujetos a los patrones mediante inciertos nexos de padrinazgo.

En muchos casos, los guaraníes se dirigen al hacendado como "papi" o "mami", y muchos de ellos, según estudios ejecutados por el despacho de Justicia, llevan el apellido de los patrones.

"Yo les he criado, su papá y mamá han muerto, y se han quedado con nosotros", explica Humberto López, propietario de la hacienda El Vilcar, quien aseguroo que ésa es la razón de que tenga una familia de guaraníes a su servicio.

Las relaciones de servidumbre se difuminan con las relaciones de parentesco: "Ya me he acostumbrado a ellos (a los patrones) como papá, como mamá, como abuelitos", comentó Eriberta Montes. "Aquí nomás me quedaré con los abuelitos hasta que se mueran", añadió resignada la guaraní que creció en la hacienda y que ahora tiene seis hijos, que tal vez sean otro eslabón más que perpetúe el trabajo de su madre y sus abuelos.

Sin embargo, la amabilidad del trato entre empleador y empleado tiene límites concretos, cuando se ve el lugar donde Eriberta y sus pequeños duermen: en un patio trasero de la hacienda donde los cueros de oveja les sirven de camas.

Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina.

1.099 personas han sido ejecutadas en CUBA desde 1976, entre ellas varias discapacitadas psíquicas y menores de edad

Por: InSurGente / La Milla Verde
Tomado de: www.aporrea.org

Infórmese:

1.099 seres humanos ejecutados entre 1976 y 2007.

Total de ejecuciones desde 1976: 1099 (Total desde 1976 con 2007):

Ejecuciones en 2007: 42

Ejecuciones en 2006: 53

Ejecuciones en 2005: 60

Total de personas condenadas a muerte que esperan actualmente a ser ejecutadas: 3357

Disculpen el error, Los 1.099 asesinatos legales no se han cometido en Cuba sino en EEUU.

Ha sido EEUU el país que hasta 2002 ha ejecutado a varios menores de edad y a personas con discapacidad psíquica.

Para más información, haga clic aquí.

Dick Cheney, Condoleezza Rice y Colin Powell aprobaron técnicas de tortura

David Brooks (La Jornada)

Oficiales de la CIA demostraban ante los reunidos en la Casa Blanca las tácticas de atrocidades
El vicepresidente Dick Cheney, la entonces asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de Estado Colin Powell y otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush evaluaron y autorizaron personalmente el uso de técnicas de tortura entre 2002 y 2003.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding , pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.

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COMUNICADO DE LAS FARC-EP, sobre la misión médica de Francia

Comunicado

1. La liberación unilateral de cinco congresistas y de una ex candidata a la vicepresidencia, ocurrida entre enero y febrero, fue ante todo un gesto de generosidad y voluntad política de las FARC, no de debilidad o resultado de una presión, como equivocadamente lo asume el gobierno del señor Uribe.Tales liberaciones obedecieron a una decisión soberana de la insurgencia de las FARC estimulada por la persistente labor humanitaria del Presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
2. Desde la última liberación unilateral del 27 de febrero hemos estado a la espera del decreto presidencial ordenando el despeje militar de Pradera y Florida para concretar allí, con la garantía de la presencia guerrillera, el acuerdo de canje humanitario. Los guerrilleros presos en las cárceles de Colombia y los Estados Unidos, son nuestra prioridad. Rechazamos la calificación amañada del delito político que pretende impedir que los guerrilleros salgan de las cárceles. No estamos reclamando a nadie el estatus de refugiado, utilizado como nombre camuflado del destierro y de la institucionalización del delito de opinión.
3. Lamentamos profundamente que mientras propiciábamos hechos palpables en dirección al canje de prisioneros, el Presidente Uribe planificaba y ejecutaba el artero asesinato del comandante Raúl Reyes, hiriendo de muerte la esperanza de intercambio humanitario y de paz. Quien ordena a sus generales el rescate militar a sangre y fuego, no quiere el canje. Quien ofrece millones de dólares instando a la deserción con prisioneros, no está por el intercambio. Eso es Uribe: el obstáculo principal y el enemigo número uno del canje. Por eso le apuesta irresponsablemente, todos los días, al desenlace fatal.
4. Por las mismas razones expuestas al CICR el 17 de enero, la misión médica francesa no es procedente y mucho menos cuando no es resultado de la concertación, sino de la mala fe de Uribe ante el gobierno del Elíseo, y una burla desalmada a las expectativas de los familiares de los prisioneros. No actuamos bajo chantajes ni bajo el impulso de campañas mediáticas. Si a comienzos de año el Presidente Uribe hubiese despejado Pradera y Florida por 45 días, tanto Ingrid Betancur, como los militares y los guerrilleros presos ya habrían recobrado su libertad, y sería la victoria de todos.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, abril 4 de 2008

El Gobierno de EE.UU. dio poder al Ejército para torturar a prisioneros

La Justicia estadounidense autorizó hace 5 años el uso de métodos duros en interrogatorios para combatir el terrorismo. Las cláusulas que lo impiden "quedan suspendidas en tiempos de guerra".
El Departamento de Justicia estadounidense otorgó hace 5 años plenos poderes al Ejército para que empleara duros métodos en sus interrogatorios para combatir el terrorismo, según informó este miércoles el diario The New York Times.
De acuerdo a la información revelada este miércoles, el argumento presentado por el Departamento de Justicia en un memorándum de marzo de 2003, fue que las cláusulas que prohíben esos métodos de tortura "quedan suspendidas en tiempos de guerra".
El mes pasado, un decreto similar llegó a los servicios secretos y a la CIA, informó el diario, aunque después se revocaron esas instrucciones.
El año pasado se agudizó el debate sobre los métodos de interrogatorio empleados en Estados Unidos, como por ejemplo el tristemente famoso "waterboarding" (ahogamiento simulado), que las organizaciones humanitarias contemplan como tortura.
El gobierno de George W. Bush desarrolló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 un programa secreto de interrogatorios y encarcelamientos para combatir lo que el propio presidente estadounidense calificó de "guerra contra el terrorismo".
De acuerdo a ese programa, se permitió a los servicios secretos el empleo de métodos más duros de interrogatorio (eufemismo de torturas) para con los que se considerara "sospechosos terroristas", pese a que a los militares se les dictaron condiciones más estrictas.
Bush impidió también recientemente la aprobación de una ley antitorturas con su poder de veto, por lo que la CIA puede emplear aún esos "duros métodos" ya que, en caso contrario, tendría las manos atadas en la lucha contra "curtidos terroristas", según justificó Bush.

El costo que imponen a las FARC-EP las iniciativas humanitarias unilaterales

Por: James Petras

El ataque desencadenado por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con tropas y misiles, que violó la soberanía territorial de Ecuador, estuvo muy cerca de desencadenar una guerra regional con Ecuador y Venezuela. Durante una entrevista que tuve con el presidente Hugo Chávez en el momento de esta belicosa acción, éste me confirmó la gravedad de la doctrina de guerra preventiva y de intervención extraterritorial que practica Uribe, y calificó al gobierno colombiano como el Israel de América Latina. Antes, durante su programa dominical Aló, Presidente, en el que participé como invitado, hizo su anuncio del envío de fuerzas de tierra, mar y aire a la frontera venezolana con Colombia.
El ataque transfronterizo ordenado por Uribe tenía por objeto calibrar la voluntad política de Ecuador y Venezuela para responder a una agresión militar, así como comprobar el buen funcionamiento de un sistema de ataque dirigido por satélite y coordinado por Estado Unidos. No cabe duda de que Uribe tenía también en mente el sabotaje de la inminente liberación humanitaria de la prisionera de las FARC, Ingrid Betancourt, que estaba siendo negociada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Larrea, y la Cruz Roja colombiana, y especialmente del presidente Hugo Chávez. Kouchner, Larrea y Chávez estaban en contacto directo con el líder de las FARC Raúl Reyes, quien, junto a otras 23 personas, combatientes y no combatientes de varias nacionalidades, fueron asesinadas en el citado ataque coordinado entre Uribe y Estados Unidos contra Ecuador. La intervención del presidente colombiano iba en parte dirigida a negar la importancia de las gestiones diplomáticas que Chávez estaba realizando en la liberación de los prisioneros de las FARC, en contraste con el fracaso de los esfuerzos militares de Uribe de liberar los prisioneros.
Raúl Reyes estaba legitimado como interlocutor en estas negociaciones tanto por los gobiernos europeos como los latinoamericanos, así como por la Cruz Roja. Si las negociaciones hubieran llegado a buen fin con la liberación de los prisioneros, es probable que los mismos organismos gubernamentales y humanitarios hubieran presionado a Uribe para que iniciara negociaciones de paz y realizara un intercambio generalizado de prisioneros, lo que es contrario a las políticas de Bush y Uribe de continuar la guerra, los asesinatos políticos y la política de tierra calcinada.
Lo que estaba en juego con la violación de la soberanía de Ecuador y el asesinato de 24 guerrilleros de las FARC y visitantes mexicanos era, nada menos, toda la estrategia militar antiinsurreccional desarrollada por Uribe desde su llegada al poder en 2002.
Uribe estaba claramente dispuesto a correr el riesgo de exponerse a lo que luego sucedió: la censura y la sanción de la Organización de Estados Americanos, y la ruptura temporal de relaciones diplomáticas con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y era así porque podía contar con el respaldo de Washington, que, en secreto –e ilegalmente–, participó en el ataque e inmediatamente lo aplaudió. Este aspecto tenía para él más valor que el sabotaje de la cooperación con los países latinoamericanos y Francia. Colombia sigue siendo el escudo militar avanzado de Washington en América Latina y, en particular, el más importante instrumento político-militar para desestabilizar y derrocar el gobierno anti imperialista de Hugo Chávez. Clinton y Bush invirtieron más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia en los últimos siete años, que incluyen el estacionamiento de 1.500 asesores militares y fuerzas especiales estadounidenses, docenas de comandos y formadores israelíes, financiación para 2.000 combatientes mercenarios y más de 10.000 efectivos paramilitares que operan en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia, compuestas de 200.000 hombres.
A pesar de éstas y otras consideraciones internacionales que han influido en la acción bélica extraterritorial de Uribe, soy de la opinión de que el factor principal de este ataque al campamento de las FARC en Ecuador ha sido el deseo de decapitar, debilitar y aislar al movimiento guerrillero más poderoso de América Latina y más decidido antagonista de las políticas neoliberales represivas de Washington y Bogotá. Los líderes políticos internacionales, entre otros, líderes progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, que han pedido el final de la lucha armada, parecen pasar por alto las experiencias de los recientes esfuerzos de la guerrilla para desmilitarizar la lucha, con tres iniciativas de paz (1984-1990, 1999-2001y 2007-2008), y también el alto costo para las FARC en términos de asesinatos de sus líderes, activistas y simpatizantes. A mediados de la década de 1980, muchos líderes de la guerrilla se sumaron al proceso electoral y formaron un partido político (Unión Patriótica.) La cifra de asesinatos de sus cargos electos, a escala nacional y local, líderes, congresistas y tres candidatos presidenciales, además de sus miembros alcanzó la cifra de 5.000 muertos. Tras esta experiencia, las FARC volvieron a la lucha guerrillera en el campo. Diez años más tarde, las FARC estuvieron de acuerdo en negociar con el presidente –en esos momentos Andrés Pastrana— en una zona desmilitarizada. Las FARC celebraron asambleas abiertas, debatieron alternativas políticas de reformas sociales y políticas destinadas a democratizar el Estado, y discutieron sobre las formas privada y pública de propiedad de los sectores económicos estratégicos, con diversos sectores de la sociedad civil. Más tarde, el presidente Pastrana, bajo las presiones de los presidentes Clinton y Bush, rompió las negociaciones y envió a las fuerzas armadas a capturar a los equipos negociadores de alto nivel de las FARC. A pesar de la ayuda y asesoría estadounidense, las fuerzas armadas colombianas no consiguieron capturar a los líderes de las FARC, pero sentaron las bases de la política de tierra calcinada desarrollada luego por el presidente Uribe.
En 2007-2008, las FARC propusieron negociar una liberación mutua de prisioneros políticos en una zona desmilitarizada segura dentro del territorio colombiano. Uribe rechazó la propuesta. El presidente Chávez participó en las negociaciones como mediador. El gobierno francés y otros instaron al presidente Chávez a que demostrase con pruebas que los prisioneros de las FARC estaban vivos, lo que esta organización aceptó. Los tres emisarios que Chávez envió fueron interceptados y permanecen detenidos por los militares colombianos en condiciones penosas. No obstante, las FARC siguieron adelante con la petición de Chávez e intentaron trasladar el primer grupo de prisioneros entregado a los enviados venezolanos y la Cruz Roja, pero fueron atacados por aire por el ejército colombiano, lo que abortó la liberación de los rehenes. Una vez más, más tarde y con riesgos crecientes, consiguieron liberar al primer grupo de prisioneros. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, y el presidente Chávez solicitaron a continuación la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana francesa y colombiana, y ex candidata presidencial. La operación fue saboteada cuando Uribe, con ayuda estadounidense de alto nivel, lanzó una gran ofensiva militar en todo el país, con un programa global de monitoreo que permitió localizar las comunicaciones entre Reyes, Chávez, Kouchner, Larrea y la Cruz Roja.
Fue una misión de alto riesgo la asumida por Raúl Reyes, como mando de más alto nivel implicado en la negociación y coordinación de la liberación de prisioneros, y que condujo a su asesinato. Una serie de presiones externas en favor de la liberación unilateral de prisioneros hicieron que las FARC redujeran su nivel de seguridad. El resultado fue la pérdida de líderes, negociadores, simpatizantes y militantes, sin con ello conseguir la liberación de ninguno de los 500 prisioneros de las FARC que se hallan en prisiones colombianas. Todo el énfasis de Sarkozy, Chávez, Correa y otros estaba puesto en las concesiones unilaterales de las FARC, como si los miembros de éstas que están siendo torturados y agonizan en las cárceles de Uribe no entrasen en cuenta por razones humanitarias.
La posterior cumbre [del Grupo de Río] celebrada en la República Dominicana durante el fin de semana de 8 y 9 de marzo condujo a la condena de la violación por parte de Colombia de la soberanía territorial de Ecuador, pero el gobierno de Uribe, responsable de la invasión, no fue mencionado ni oficialmente sancionado. Además, no se hizo ningún tipo de mención –y mucho menos se mostró ningún tipo de respeto– por la muerte de Raúl Reyes, que ofreció su vida en aras de un intercambio humanitario. Si la reunión en sí misma fue una decepcionante respuesta a una tragedia, el epílogo fue una farsa: un sonriente Uribe atravesó la sala de reuniones y ofreció su mano junto a unas apresuradas excusas a Correa y Chávez, al tiempo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega abrazaba al asesino presidente de Colombia. Con ese gesto vil y cínico, Uribe transformó las denuncias y la movilización militar de la semana anterior por parte de Chávez y Correa en una ópera bufa. La reconciliación posterior a la reunión dio la impresión de que la oposición de éstos mandatarios al ataque transfronterizo y al asesinato a sangre fría de Reyes era un simple teatro político, un mal presagio para el futuro si, como es probable, Uribe repite sus ataques al otro lado de la frontera a mayor escala. ¿Se tomarán en serio el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela y Ecuador otra llamada a la movilización como ésta?
Menos de una semana después de la reunión de reconciliación de Santo Domingo, Chávez y Uribe renovaron un anterior acuerdo militar dirigido a cooperar contra “grupos violentos, cualesquiera que fueran su origen.” Es obvio que Chávez espera que al disociar a Venezuela de toda sospecha de facilitar apoyo moral a las FARC, Uribe pondrá fin al importante flujo de infiltraciones paramilitares a Venezuela y a la desestabilización del país. En otras palabras, las razones de Estado tendrían preferencia ante la solidaridad con las FARC. Lo que sin embargo Chávez debería tener en cuenta es que Uribe no va a cumplir su parte del trato debido a sus vínculos con Washington y la insistencia de éste en la desestabilización del gobierno de Chávez por todos los medios posibles, incluso mediante la infiltración continuada de Venezuela por fuerzas paramilitares colombianas.
Uribe fue capaz de pedir perdón a Correa y Chávez porque el propósito real de su ataque militar era el de destruir la cúpula de las FARC, de cualquier modo y en cualquier lugar, momento y circunstancia posibles, incluso en medio de negociaciones internacionales. Ya mucho antes de la llegada de Chávez y Correa al poder, Washington había puesto un precio de cinco millones de dólares a las cabezas de cada uno de los miembros de la dirección de las FARC. El objetivo primero de Washington en este asunto es la destrucción de las FARC, tal como atestiguan su ayuda militar (6.000 millones de dólares en siete años), el tamaño y la amplitud de su misión de asesoría militar (1.500 especialistas estadounidenses) y la larga duración de su participación en actividades anti insurgentes en Colombia (45 años).
Washington y sus secuaces colombianos estaban dispuestos a asumir el previsible descontento de Correa y Chávez, y la leve reprimenda que iba a recibir por el asesinato del segundo comandante de las FARC. La razón es clara: son las FARC y no los líderes regionales quienes tienen gran influencia en una tercera parte del campo colombiano, es la capacidad político-militar de las FARC la que tiene trabado a un tercio de las fuerzas armadas colombianas e impide que Colombia participe en una acción militar de envergadura contra Chávez a instancias de Washington. Uribe y Washington han presionado a Correa para que corte la mayor parte de las líneas de abastecimiento de las FARC y los campamentos de seguridad de la frontera entre Ecuador y Colombia. Correa asegura que ha destruido 11 campamentos de las FARC y detenido a 11 guerrilleros. Por su parte, la Guardia Nacional Venezolana ha hecho la vista gorda a la persecución militar transfronteriza colombiana de activistas de las FARC entre los campesinos refugiados que se hallan en campamentos en la frontera entre Venezuela y Colombia. La presión de Uribe y Washington ha obligado a Chávez a negar públicamente todo apoyo a las FARC, sus métodos y su estrategia. Las FARC están aisladas internacionalmente –el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano declaró que la fingida reconciliación de Santo Domingo era una gran victoria de la paz— y diplomáticamente, aunque siguen contando con un importante apoyo en el interior del país, en las provincias y el campo de Colombia.
Junto a la neutralización del apoyo exterior o de la simpatía hacia las FARC, el gobierno de Uribe lanzó una serie de ataques sangrientos y amenazas contra todas las fuerzas progresistas y de izquierda, antes durante e inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo. En los días siguientes a la marcha Contra los crímenes del Estado de 6 de marzo de 2008, en la que participaron 200.000 personas, cientos de organizadores y activistas fueron amenazados, atacados, seguidos, interrogados y acusados por Uribe por su apoyo a las FARC –una etiqueta proporcionada por el Gobierno—, tras lo cual se produjo el asesinato a manos de los escuadrones de la muerte del principal líder de la marcha y de cuatro portavoces de derechos humanos. Inmediatamente tras esa manifestación masiva, el principal sindicato colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) informó de varios asesinatos y agresiones entre otros al secretario del sindicato de empleados bancarios, un líder del sindicato de docentes, el secretario de la sección de enseñanza de la CUT y un investigador de un instituto de pedagogía.
En resumidas cuentas, se cuentan 5.000 sindicalistas muertos, dos millones de campesinos expulsados por la fuerza de sus tierras, y éstas robadas por las fuerzas paramilitares de Uribe y los terratenientes. Algunos jefes de escuadrones de la muerte arrepentidos han confesado públicamente que los paramilitares financian y controlan más de un tercio de los diputados elegidos al Congreso que apoyan a Uribe. En la actualidad, 30 de éstos están siendo juzgados por asociación con los batallones de la muerte paramilitares. Asimismo, se ha demostrado que varios de los más cercanos colaboradores de Uribe en el Gobierno tienen vínculos familiares con los escuadrones de la muerte, y dos de ellos se han visto obligados a dimitir.
A pesar de la pésima reputación de Uribe, especialmente en América Latina, éste, con el apoyo de Washington, ha montado una criminal máquina de matar compuesta por 200.000 militares, 30.000 policías, varios miles de asesinos encuadrados en escuadrones de la muerte, y más de un millón de fanatizados colombianos de clases medias y altas que propugnan la liquidación de las FARC, es decir la eliminación de las organizaciones populares independientes de la sociedad civil. Más que cualquier otro de sus antecesores oligarcas a la cabeza del Gobierno, Uribe está próximo a los dictadores fascistas que combinan el terror estatal con la movilización de masas.
La oposición política y los movimientos sociales de Colombia son masivos, comprometidos y vulnerables. Están expuestos a la intimidación cotidiana y al asesinato gangsteril. Por medio del terror y la propaganda masiva, Uribe ha podido imponer su ley hasta hoy sobre la oposición de la clase trabajadora, y atraerse el apoyo de las clases medias. No obstante, ha fracasado en derrotar, destruir o desarticular las FARC, su oposición más consecuente. Cada año, desde su llegada al poder, Uribe se ha comprometido a liquidar a los terroristas mediante peinados militares masivos de regiones enteras del país. Decenas de miles de campesinos de las regiones con presencia de las FARC han sido torturados, vejados, asesinados y expulsados de sus hogares. Cada una de las ofensivas militares de Uribe ha sido un fracaso, pero él en ningún momento admite lo que algunos de sus generales y asesores estadounidenses sostienen: las FARC no pueden ser aniquiladas militarmente, y llegará el momento en que el Gobierno deba negociar.
Los fracasos de Uribe y la persistente presencia de las FARC se han convertido en una obsesión psicótica: todas las limitaciones territoriales, legales e internacionales han sido hechas añicos. En una oscilación emocional que va de la euforia a la histeria, Uribe califica de apoyos de las FARC a todo tipo de crítico, sea colombiano o internacional. En cuanto a Ecuador y Venezuela, ha prometido no invadir sus territorios “a menos que las circunstancias lo exijan.” He ahí su reconciliación.
El periodo de intercambios humanitarios ha acabado y las FARC no pueden ni van a acceder a las peticiones de amigos bien intencionados, especialmente cuando con ello ponen en peligro toda la organización y el liderazgo de su organización. Aceptemos que las intenciones de Chávez eran correctas. Su petición de que se procediera a la liberación mutua de prisioneros podría haber tenido sentido si hubiera estado tratando un político burgués sensible a los líderes y las organizaciones internacionales, y deseoso de crearse una imagen favorable ante la opinión pública mundial. Pero fue muy inocente por parte de Chávez pensar que un político psicótico conocido por sus antecedentes de aniquilación de la oposición iba a descubrir súbitamente las virtudes de la negociación y los intercambios humanitarios. No cabe duda de que las FARC comprenden mejor que sus amigos andinos y caribeños, por su propia y dura experiencia y las amargas lecciones aprendidas, que la lucha armada puede no ser el método deseado, pero es el único modo realista de hacer frente a un brutal régimen fascista.
El asesinato de Raúl Reyes por parte de Uribe no tuvo que ver con las iniciativas de Chávez o la soberanía de Ecuador o la cautividad de Ingrid Betancourt, tuvo que ver con Raúl Reyes, un revolucionario consecuente de toda la vida y líder de las FARC. El miedo a la guerra ha desaparecido, las diferencias han sido camufladas y los líderes han vuelto a sus palacios presidenciales, pero Raúl Reyes no ha sido olvidado, al menos no en el campo colombiano o en los corazones de sus campesinos.

Soldados colombianos ajusticiaron a personas que se habían rendido, afirma sobreviviente

Por: redes alternativas

La estudiante mexicana Lucía Morett relató que fue víctima de acoso sexual por parte de soldados colombianos, quienes también le condicionaron los primeros auxilios. ''Alcancé a ver mucho fuego y oí gente que contaba muertos, gente que gritaba: 'estoy herido, estoy herido, ayuda'; y otra que decía: 'denle bala, denle bala'; y detrás de ahí, disparos.

Lucía Morett, la única estudiante mexicana que sobrevivió a la masacre que Colombia perpetró en suelo ecuatoriano a principios de marzo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dio testimonio de cómo los soldados colombianos asesinaron a sangre fría a los heridos y a los guerrilleros que se habían rendido.
"Detrás del bombardeo llegaron personas disparando. Yo alcancé a ver mucho fuego y oí gente que contaba muertos, gente que gritaba: 'estoy herido, estoy herido, ayuda'; y otra que decía: 'denle bala, denle bala'; y detrás de ahí, disparos", relató.

En un video divulgado este domingo por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), se la ve recostada en una cama del Hospital Militar de Quito, donde permanece recluida por graves heridas producto del ataque. Desde allí, la joven contó su versión de los hechos y aseguró que al campamento clandestino de las FARC, donde habitaba también el ex vocero internacional de esa guerrilla Raúl Reyes, llegaron sólo los mexicanos y éstos no conocían a nadie en el lugar.

Afirmó que salió de la capital ecuatoriana junto a sus compatriotas la noche del 28 de febrero y llegaron al campamento al día siguiente, entre las 17H30 y las 18H00. A su arribo, fueron recibidos por un par de personas que les dieron de comer y les indicaron dónde debían dormir. Esa misma noche fue el bombardeo. "Estaba dormida y me despertaron las bombas, un temblor de la tierra que hizo que se cayeran árboles, que se quemaran muchas cosas, y muchos gritos". Explicó que el objeto de la visita era para conocer un campamento y hacer investigaciones para su tesis de grado. "Yo trabajo sobre la cultura popular, y la relacionada con los procesos sociales en América Latina, y me interesaba conocer cómo en ese campamento se llevan a cabo actividades culturales".
Confirmó que participó en el Congreso Continental Bolivariano, que se realizó en Quito, entre el 25 y 27 de febrero en una obra de teatro, y que fue allí donde los invitaron a visitar el campamento "No hice ese contacto, fueron mis compañeros, creo; desafortunadamente fueron asesinados".
Hostigamiento sexual
En la entrevista con Aldhu y medios mexicanos, Morett dijo que fue hostigada sexualmente por los uniformados colombianos, quienes además le condicionaron los primeros auxilios. Según Morett, ella pudo salvarse porque se protegió con una mochila. El bombardeo, que fue en dos etapas, le dejó una herida abierta de 10 centímetros en uno de sus glúteos.
La segunda etapa de la incursión fue el ingreso de soldados por tierra, cinco de ellos la rodearon y la iluminaron, ella les decía que era una estudiante mexicana. Los efectivos la acosaron sexualmente.
Más tarde llegó otra oleada de agentes colombianos, esta vez estaban vestidos de otra forma y se identificaron como policías. Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron.